Respalda el veto de Hacienda para que no se debatiera la enmienda presentada por PNV
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostró su respaldo en cada negociación del salario mínimo a la demanda de las empresas y los sindicatos de revisar los contratos públicos para compensar los aumentos de costes laborales que vengan dictados por ley. Ante la negativa de Hacienda, Sumar registró una iniciativa para propiciar este cambio, sin embargo, la formación ha sorprendido a las empresas del sector al respaldar el veto presentado por el Gobierno para bloquear una enmienda que recuperaba el debate.
El Congreso de los Diputados iba a debatir las enmiendas presentadas a la Ley de Economía Social, una norma que partía del ministerio de Díaz y en la que el PNV quería introducir los cambios en la ley de Contratos del Sector Público. Dado que esta modificación afectaba de forma directa a las cuentas públicas, Hacienda hizo uso de la capacidad de veto que le reserva la Constitución para enviar a la mesa un escrito con el que frenar su debate y votación, órgano en el que contó con el respaldo de Sumar, según señalan las fuentes consultadas.
El departamento que encabeza María Jesús Montero hacía alusión al coste que tendría para el sector público estatal una revisión como la que planteaba la formación vasca para expresar su disconformidad. Como adelantó Demócrata y ha podido confirmar elEconomista.es, el Gobierno cifró en 280,5 millones el coste para la administración estatal de una revisión del 2%. Hacienda recordaba que el cambio también supondría una carga para los presupuestos de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero no ponía números a esta revalorización.
Esta cantidad equivale a algo más de la mitad de lo que se recauda en un mes con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que grava con un 0,8% las nóminas y apenas representa un 2,8% del gasto mensual de las pensiones de jubilación. Unas cifras que desde la plataforma de empresas de servicios esenciales AlianzAS consideran insignificante como para impedir un debate parlamentario.
Las compañías relacionadas con los servicios de limpieza, atención a la dependencia, mantenimiento, o de restauración colectiva decidieron unirse en esta plataforma para elevar una demanda que tenían desde que se cambió la ley en 2012 para impedir la indexación de los contratos a la evolución de los precios, pero que se acrecentó con las subidas tan pronunciadas del SMI, el aumento en las cotizaciones sociales o los incrementos pactados en convenio que dejaban sin rentabilidad contratos firmados con las administraciones por varios años.
CEOE y Cepyme también se hicieron eco de este problema e introdujeron esta modificación como condición para sumarse a los acuerdos para elevar el salario mínimo en los últimos años, que finalmente no suscribieron. No obstante, el Ministerio de Hacienda se cerró en los contactos en privado y también en declaraciones públicas a abordar esta modificación. Montero defendió desde la bancada del Congreso que las empresas ya sabían que podían enfrentar estas alteraciones en el coste al asumir los contratos.
En cambio, las empresas encontraron una mayor comprensión en el equipo de Yolanda Díaz, que registró en el mes de febrero una proposición que buscaba modificar la ley de contratación pública, como adelantó este periódico. La iniciativa del PNV vetada este mes no era técnicamente igual a la del partido magenta, pero compartía la esencia y en opinión de las empresas más afectadas por esta situación estaba bien enfocada. La formación abogaba por permitir la revisión del precio de los contratos suscritos con empresas en las que los salarios y las cotizaciones supusieran más de un 50% de la estructura de costes y que se hubieran elevado al menos un 3%, estableciendo el 20% como el máximo de revisión de precios.
Al ser preguntados al respecto, desde la formación no detallan por qué decidieron respaldar el veto impulsado por Hacienda. Tampoco parece estar próxima la toma en consideración de la iniciativa que impulsaron a inicios de año. Si bien, desde el equipo de Trabajo deslizaban la semana pasada que ofrecieron incluir la revisión de estos contratos en la ley para reducir la jornada laboral que tumbó el Congreso de los Diputados en septiembre. Esta sería una de las medidas planteadas a Junts y a las patronales para modificar su posición.
Además, deslizan la posibilidad de incluir la revisión de estos contratos en la transposición de la directiva de salarios mínimos que plantean hacer en paralelo a la subida del SMI. La norma Europa hace una referencia a la situación de los contratos e insta a las administraciones a hacer lo posible porque no se incumplan los salarios de convenio o legales por este problema, no obstante, en el ámbito empresarial recuerdan que Trabajo prepara un reglamento que no cambiaría la ley.
Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13699990/12/25/sumar-da-un-giro-en-el-congreso-e-impide-compensar-el-alza-del-smi-en-los-contratos-publicos.html
