La relación entre las empresas y la Agencia Tributaria es una realidad inevitable. Pero no tiene por qué ser una condena. En la 47ª Asamblea de AELMA, Rafael García Miguel, experto fiscalista socio de ADD Abogados, Tax & Legal, ofreció una ponencia sobre los procedimientos más habituales de Hacienda y cómo enfrentarlos con seguridad jurídica, estrategia y conocimiento. Su mensaje fue claro: no hay que resignarse ante Hacienda, sino actuar con información y firmeza.
García Miguel abordó las diferencias entre una inspección fiscal y un procedimiento de comprobación limitada, destacando que este último representa el 90% de las actuaciones de Hacienda y suele generar confusión entre los empresarios. “Un requerimiento de información no es solo una petición de datos, sino el inicio formal de una comprobación limitada”, explicó.
El experto advirtió sobre los riesgos de entregar documentación de manera excesiva o no solicitada, algo habitual por parte de gestores que buscan cerrar rápidamente el expediente. “Eso es ponerse la soga al cuello”, afirmó, señalando que todo lo aportado puede ser utilizado por la administración y ampliar el foco de la revisión de forma indebida.
Durante su ponencia, García Miguel expuso también las “tres autopistas” que puede tomar una regularización fiscal: gestión, inspección y recaudación, haciendo hincapié en la importancia de recurrir determinadas liquidaciones por vía económico-administrativa, en lugar de limitarse al recurso de reposición. “El TEAR es mucho más garantista para el contribuyente, no requiere abogado y puede suponer una vía eficaz para defenderse”, señaló.
El mensaje final de su intervención fue claro: los empresarios deben conocer sus derechos, entender los procedimientos y dialogar con sus asesores desde una posición informada. “Hay muchas vías legales para tumbar una comprobación si se excede su alcance o si presenta errores de forma. No hay que resignarse ante Hacienda”, concluyó. En los últimos cinco años, el número de comprobaciones se ha duplicado. Sin embargo, el 50% de los recursos contra estas regularizaciones acaban resolviéndose favorablemente para las empresas, lo que demuestra que recurrir no solo es posible, sino recomendable.
