Las pequeñas y medianas empresas constituyen el 99 % del tejido empresarial español y son el principal motor de generación de empleo. En el sector de la limpieza, además, cerca del 80 % de las empresas son de carácter familiar, un modelo empresarial que aporta estabilidad, cercanía y un fuerte compromiso con la calidad del servicio.
Sin embargo, su participación en la contratación pública sigue estando muy por debajo de lo que cabría esperar. Según datos recientes, las pymes acceden únicamente al 7 % del importe total de las licitaciones públicas, una cifra que pone de manifiesto las dificultades que siguen encontrando para competir en igualdad de condiciones con grandes operadores.
Esta realidad invita a reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo de contratación pública más accesible, más equilibrado y, sobre todo, más sostenible. La contratación pública representa una oportunidad para impulsar el crecimiento empresarial, fomentar la competencia y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, muchas empresas encuentran obstáculos que dificultan su participación.
Entre las principales barreras destacan:
- Pliegos con requisitos de solvencia económica y técnica difíciles de cumplir para empresas de menor dimensión.
- Contratos de gran volumen que impiden la concurrencia de operadores especializados o de ámbito local.
- Una elevada carga administrativa para preparar las ofertas.
- Plazos reducidos y una complejidad documental que supone importantes costes para las empresas.
El resultado es un mercado donde, en demasiadas ocasiones, solo unas pocas compañías pueden competir por contratos de gran importe, reduciendo la competencia y limitando la participación de un tejido empresarial que representa la mayor parte del sector.
La limpieza profesional necesita una contratación pública más accesible
Las empresas de limpieza prestan un servicio esencial para hospitales, centros educativos, edificios administrativos, instalaciones deportivas, oficinas, infraestructuras de transporte y un sinfín de espacios públicos y privados.
Muchas de ellas son empresas familiares con décadas de experiencia, profundamente arraigadas en su entorno, que generan empleo estable y conocen de primera mano las necesidades de sus clientes.
Facilitar su acceso a la contratación pública no significa rebajar los niveles de exigencia, sino diseñar procedimientos que permitan una competencia real y efectiva.
La división de los contratos en lotes, unos requisitos de solvencia proporcionados, la simplificación administrativa y una mejor planificación de las licitaciones contribuirían a que más empresas pudieran presentar ofertas, aumentando la competencia y favoreciendo una mayor calidad del servicio.
No basta con adjudicar: los contratos deben ser viables
Tan importante como facilitar el acceso a las licitaciones es garantizar que los contratos puedan ejecutarse en condiciones económicamente sostenibles.
La limpieza profesional es una actividad intensiva en mano de obra. Los costes salariales representan el principal componente del servicio y evolucionan conforme a los convenios colectivos, las mejoras laborales y las sucesivas actualizaciones del Salario Mínimo Interprofesional.
Sin embargo, muchas empresas adjudicatarias se encuentran con contratos de varios años de duración cuyos precios permanecen prácticamente invariables, obligándolas a asumir incrementos de costes que no pueden repercutirse durante la ejecución del contrato.
Esta situación compromete la viabilidad económica de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, y puede afectar a la calidad del servicio si no existen mecanismos que permitan adaptar los contratos a la realidad económica.
La revisión de precios, una garantía de sostenibilidad
La revisión de precios no debe entenderse como un privilegio para las empresas, sino como un instrumento que garantiza el equilibrio económico de los contratos públicos.
Actualizar los precios cuando se producen incrementos objetivos y acreditados de los costes permite que las empresas puedan seguir prestando el servicio con los niveles de calidad exigidos, mantener el empleo, invertir en innovación y cumplir con todas sus obligaciones laborales y sociales.
En sectores como la limpieza, donde el coste laboral representa la mayor parte del contrato, disponer de mecanismos eficaces de revisión resulta imprescindible para asegurar la continuidad y la calidad de los servicios públicos.
La necesidad de revisar la Ley de Desindexación
Desde hace años, el sector viene reclamando una revisión de la normativa que regula la actualización de los precios de los contratos públicos.
La Ley de Desindexación de la Economía Española, concebida para evitar la indexación automática de precios a determinados índices, ha tenido efectos especialmente complejos en actividades intensivas en mano de obra como la limpieza.
En la práctica, la aplicación de esta normativa ha dificultado que los contratos públicos reflejen la evolución real de los costes laborales, incluso cuando estos vienen determinados por convenios colectivos de obligado cumplimiento.
El resultado es un desequilibrio que afecta especialmente a las empresas familiares y a las pymes, que disponen de menor capacidad financiera para absorber incrementos continuados de costes durante contratos de larga duración.
Actualizar este marco normativo permitiría diseñar mecanismos de revisión más equilibrados, compatibles con una gestión eficiente de los recursos públicos y con la necesaria estabilidad económica de las empresas que prestan estos servicios esenciales.
Apostar por el valor, no solo por el precio
En servicios intensivos en mano de obra como la limpieza, el precio no puede ser el único criterio determinante.
La calidad del empleo, la formación de los trabajadores, la estabilidad de las plantillas, la innovación, la digitalización, la sostenibilidad ambiental o la implantación de sistemas de control de calidad son elementos que aportan un valor añadido que debe ser reconocido en los procesos de contratación.
Una contratación pública basada exclusivamente en el menor precio puede terminar perjudicando tanto a las empresas como a las propias administraciones, al poner en riesgo la calidad y continuidad del servicio.
El compromiso de AELMA
Desde AELMA defendemos un modelo de contratación pública que combine competencia, calidad y sostenibilidad.
Eso pasa por facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas, promover una mayor participación de las empresas que constituyen la base del sector, incorporar mecanismos eficaces de revisión de precios y avanzar hacia una actualización de la Ley de Desindexación que tenga en cuenta la realidad de los servicios intensivos en mano de obra.
Solo así será posible construir una contratación pública que garantice servicios de calidad para los ciudadanos, condiciones justas para las empresas y un tejido empresarial sólido, competitivo y capaz de seguir generando empleo y valor para la sociedad.
