El proceso de digitalización fiscal en España da un paso decisivo con la futura implantación obligatoria de la factura electrónica para empresas y autónomos. El Ministerio de Economía ha establecido un calendario progresivo que marcará un antes y un después en la gestión administrativa.
A partir del 1 de julio de 2027, estarán obligadas a emitir factura electrónica las empresas y profesionales con ingresos superiores a 8 millones de euros. Un año más tarde, el 1 de julio de 2028, la medida se extenderá al resto de pymes y autónomos.
Esta obligación se aplicará exclusivamente a las operaciones entre empresas dentro del territorio nacional. Es decir, los negocios podrán seguir emitiendo tiques a consumidores finales, pero deberán digitalizar sus facturas en relaciones B2B.
El marco normativo se apoya en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, aunque su entrada en vigor dependerá de una orden ministerial que activará la solución tecnológica de la Agencia Tributaria.
Tal y como señala Èlia Urgell, las empresas deberán contar con software específico capaz de generar facturas en formato UBL, el estándar que utilizará la Administración.
La plataforma pública tendrá un papel central: permitirá emitir facturas a pequeños negocios, facilitará el intercambio de información y actuará como repositorio único. No obstante, también se podrán utilizar soluciones privadas, siempre que cumplan con los requisitos legales.
Uno de los objetivos principales de esta medida es mejorar el control de pagos y reducir la morosidad. Para ello, los destinatarios deberán aceptar o rechazar las facturas y notificar su pago en un plazo máximo de cuatro días.
Además, esta normativa convivirá con Verifactu, lo que refuerza la necesidad de contar con herramientas tecnológicas integradas que permitan cumplir con ambas obligaciones de forma eficiente.
La factura electrónica no solo supone un cambio normativo, sino también una oportunidad para impulsar la transformación digital de empresas y autónomos.
