Achaca el aumento de la incidencia al ciclo económico, los cambios normativos aprobados desde 2018, la protección de los convenios colectivos y las listas de espera
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este miércoles su Estudio sobre Incapacidad Temporal (IT), en el que señala que las medidas normativas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, desde el año 2018, junto con las garantías que ofrecen los convenios colectivos y la saturación de las listas de espera han contribuido a que la incidencia de las bajas médicas se dispare casi un 60% en España desde 2017.
«La AIReF constata la influencia de la evolución del marco normativo hacia un enfoque progresivamente más garantista desde 2018, que ha revertido restricciones previas y ampliado la protección económica durante los episodios de incapacidad temporal. En concreto, destaca la restauración del complemento retributivo del 100% para los empleados públicos en situación de IT, que incrementó en un 40% la probabilidad de iniciar una baja. Por su parte, el tránsito desde contratos temporales hacia contratos indefinidos impulsado por la reforma laboral incrementó en torno a un 30% la probabilidad de iniciar un episodio de IT», apuntan. A esto se suman nuevos tipos de IT o el hecho de que no sea necesario llevar presencialmente los papeles a la empresa, que también hacen del sistema más garantista, agregan.
Los convenios colectivos también contribuyen, ya que la mitad de los sectoriales y dos tercios de los de empresa incorporan complementos que elevan la cobertura durante la IT, llegando en muchos casos a equiparar la prestación con el salario habitual.
Por todo ello, la incidencia de las bajas por IT en el periodo 2017-2024 ha aumentado un 58,4% y su duración media, un 14,8%, hasta superar los 45,9 días de media. Si se analizan sólo las bajas que suponen gasto público (aquellas que duran más de 15 días, ya que la Seguridad Social abona la prestación a partir del día 16), la incidencia ha aumentado un 28,9% y la duración un 40,7%; mientras que si se aislan las ausencias que duran de 4 días a dos semanas, la incidencia ha aumentado un 78% y la duración ha bajado un 16,5%.
Este incremento de la incidencia y de la duración ha provocado que la Seguridad Social destinara en 2024 un total de 16.500 millones de euros al pago de estas prestaciones, una partida sólo superada por las pensiones y que supone un incremento de más del 200% desde 2014.
Se disparan las enfermedades mentales
La institución que preside Cristina Herrero ha perfilado las características de los trabajadores con más probabilidad de percibir una prestación por IT.
Según su análisis, las enfermedades muscoloesqueléticas y las respiratorias tienen los niveles más altos de incidencia, pero el mayor crecimiento acumulado se da en enfermedades infecciosas, que se duplican al pasar de 1,8 a 3,6 casos por cada 1.000 afiliados, seguidas de las enfermedades mentales, cuya incidencia aumenta un 80%. «Los trastornos mentales presentan las mayores duraciones medias con un incremento de 67 días desde 2017 a 98,5 días en 2024», apuntan.
Además, han detectado que es más probable que se den en empresas grandes, cuando la economía está creciendo (prestación procíclica) y cuando las listas de espera son muy abultadas, de ahí que pidan una revisión en este sentido para saber qué hay detrás -a día de hoy no hay información suficiente ni de las comunidades autónomas ni procedente del Ministerio de Sanidad-.
¿Aumenta la IT por que cada vez va más gente al médico? La respuesta no la sé, porque determinaría causalidad, pero sí que hay una correlación. Hay correlación positiva y muy significativa en enfermedades de huesos y enfermedades mentales», ha señalado José María Casado, director de la división de Evaluación.
Detectan «una elevada concentración de episodios en un grupo reducido de trabajadores con bajas reiteradas, junto con una progresiva concentración en duraciones muy cortas, que no generan gasto directo para la Administración Pública, pero trasladan de forma creciente los costes a las empresas».
La Autoridad no incide en el estudio en el impacto del envejecimiento en el aumento de las bajas, porque ha encontrado evidencia «mixta» al respecto, ya que la incidencia de las bajas médicas en España ahora mismo es inferior entre las personas de más edad que entre los jóvenes, cuyas duraciones, eso sí, son más cortas (26 días frente a 79). «El poder explicativo del efecto demográfico por ahora es pequeño. Probablemente en 20 o 30 años sea superior. La distribución está creciendo tanto por los mayores como por los jóvenes como consecuencia de la inmigración. Todos los grupos de edad crecen», ha detallado Casado.
Propuestas: más vigilancia de la Inspección
Para intentar reducir la incidencia de las bajas, la AIReF propone que la Inspección Médica de la Seguridad Social esté vigilante desde el primer día en que un trabajador coge una baja médica y empieza a cobrar una prestación por Incapacidad Temporal, en lugar de empezar a actúar un año después de que se ha iniciado el proceso, como ocurre en la actualidad, algo que consideran que ayudaría a reducir la incidencia de las bajas.
«En la práctica, la actuación de la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sucede a partir del día 365 y esta ausencia de actuación temprana puede favorecer la prolongación de los procesos con efectos negativos agregados sobre la organización del trabajo y la productividad y, en última instancia, sobre el gasto público vinculado a la IT», señala la AIReF en su último informe de revisión de gasto sobre esta prestación, presentado este miércoles, en el que recomienda al Gobierno «fortalecer las capacidades del INSS para el control y seguimiento temprano de la IT».
Esta institución cree que esta prestación es especialmente «compleja» o «singular» porque en su gestión intervienen muchos agentes, lo que dificulta su gobernanza. La AIReF recuerda que aunque el INSS, por ley, puede intervenir durante todo el proceso de la baja, está incurriendo en una «dejación de funciones», porque en la práctica sólo lo hace a partir del día 365, por lo que pide que empiece a hacerlo de forma más temprana, sobre todo en casos de reincidencia (el 25% concentra el 55% de los procesos), cuando se dan desviaciones sistemáticas de los estándares de duración o cuando se superan ciertos umbrales de duración. Considera, además, que debería mejorar la información compartida entre todos los agentes.
Su informe se ha realizado a petición del Gobierno ante el incremento que se ha producido en la incidencia de las bajas médicas en el país, lo que ha disparado el gasto de la Seguridad Social y ha supuesto un nuevo problema para las empresas.
Escasa penetración del Ingreso Mínimo Vital
Junto con el informe sobre bajas médicas, la AIReF ha presentado hoy también su análisis sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en el que constata que aunque llega a un 20% de los hogares en situación de pobreza, su diseño permitiría llegar a más del 50% de este colectivo.
«Ha contribuido a reducir en un 30% la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de la pobreza, mientras que su impacto sobre la tasa de pobreza ha sido más limitado, situándose en el 9,5%. Estas cifras se elevarían al 58% y 16,2%, respectivamente, si el IMV hubiera desplegado todo su potencial», señalan.
El Ministerio de la Seguridad Social se ha defendido: «Reducir la tasa de pobreza es una meta en la que intervienen muchos factores más allá de la prestación», ha señalado en un comunicado, en el que ha reprochado a la AIReF que no ha incluido en el estudio la implementación llevaba a cabo en 2025 de un sistema de doble revisión de los ingresos de los beneficiarios para reducir el impacto de los reintegros.
Si el IMV cubriera a todos los potenciales beneficiarios, el gasto de la Seguridad Social en esta prestación pasaría de los 3.106 millones de euros desembolsados en 2024 a 6.145 millones de euros. Erradicar toda la pobreza en España exigiría gastar 9.110 millones, calcula al autoridad fiscal.
¿Por qué la ayuda no llega? El principal problema es que más de la mitad de los hogares con derecho a la prestación no la solicitan. Para solucionarlo, la AIReF propone definir objetivos cuantificables con metas y plazos, promover fórmulas de verificación automática de los requisitos de acceso mediante el uso de información más actualizada, reformular el incentivo al empleo, mejorar la estadísticas y reforzar las campañas de información y acompañamiento para reducir barreras de acceso.
Ayuda Oficial al Desarrollo y sistema de acogida
El tercer estudio presentado por la AIReF analiza la Ayuda Oficial al Desarrollo, a la que el Gobierno ha destinado 10.847 millones de euros en el trienio 2021-2023. Se ha concentrado en un 83,4% en cuatro ministerios y destinado principalmente a África (29,6%), Latinoamérica (17,7%) y Europa (16,7%).
En 2024, España destinó a esta partida un 0,25% de su renta nacional bruta, por debajo de la media de la OCDE (0,37%), con una elevada proporción de donaciones para los sectores de salud, gobierno, sociedad civil, derechos humanos y género.
Dentro de la AOD española, el Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal está ganando cada vez más peso, alcanzando un máximo de 808,8 millones de euros en 2022, «en un contexto marcado por la llegada de personas desplazadas por la guerra de Ucrania». Pasados cuatro años, el 45% de los entrantes están empleados, si bien se observan diferencias significativas por región de origen y una concentración del empleo en sectores baja cualificación.
Pese al pico puntual de 2022, el Sistema de Acogida ha pasado de un gasto de 80 millones en 2016 a 270 millones en 2023, un gasto «explosivo», según AIReF. Los receptores son sobre todo varones de entre 25 y 44 años, procedentes de Latinoamérica y, desde 2024, muchos procedentes de África. Su inserción laboral es buena en el caso de los latinoamericanos (sobre todo en restauración), peor en los africanos (agricultura), aunque su intensidad laboral es baja (los del norte de África trabajan un 40% de días al mes; los latinoamericanos, un 60%).
Finalmente, han detectado que una parte de los solicitantes de asilo podría estar utilizando el procedimiento como alternativa para acceder al mercado laboral, lo que contribuye a tensionar aún más el sistema de acogida. La AIReF propone desarrollar canales de migración laboral para la racionalización del sistema.
Artículo: Alejandra Olcese. Fuente: https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2026/02/04/69831633fc6c83f8118b459c.html
