Hacienda descarta la propuesta del PNV para compensar en los contratos públicos el impacto de la subida del SMI sobre las empresas de servicios.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado este miércoles la iniciativa del PNV que planteaba compensar a las empresas adjudicatarias de contratos de servicios públicos por el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, se ha dirigido a Montero para recordar que, aunque la subida del salario mínimo «es una buena noticia», esta decisión tiene consecuencias directas sobre la contratación pública.
La diputada ha señalado que numerosas empresas encargadas de servicios esenciales, como la limpieza en colegios y hospitales o la atención social, concentran la mayor parte de sus costes en los salarios. Por ello, cuando aumenta el SMI, se incrementa el coste laboral respecto al precio del contrato inicial, que no incluía esa mejora salarial.
La ley impide revisar los precios
Sagastizabal ha remarcado que la normativa vigente no permite revisar al alza el importe de los contratos para absorber la subida salarial, incluso cuando los sueldos superan la mitad del presupuesto adjudicado.
Según ha explicado, esta situación reduce el margen para reforzar la calidad del servicio y complica la mejora de las condiciones laborales. «Por eso le preguntamos, ¿promete el Gobierno algún mecanismo para garantizar que el impacto de la subida del salario mínimo en estas empresas que prestan servicios en el sector público», ha planteado a la vicepresidenta.
En su réplica, Montero ha defendido que la contratación pública debe ofrecer seguridad jurídica con el fin de favorecer «empresas sólidas» y ha puesto en valor la subida del salario mínimo, asegurando además que este nivel retributivo continuará aumentando en el futuro.
No obstante, ha precisado que la revisión de precios en los contratos públicos solo puede justificarse en circunstancias excepcionales y que, para el Ejecutivo, el incremento del SMI «no es en ningún caso una situación excepcional».
La titular de Hacienda ha añadido que el Gobierno ha puesto sobre la mesa otras fórmulas para mitigar el impacto en las compañías intensivas en mano de obra, pero que «simple y llanamente» la patronal ha rehusado alcanzar un acuerdo.
Desde AELMA advertimos de que esta situación afecta de manera directa y especialmente grave a las pymes del sector de la limpieza, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial y que cuentan con márgenes muy ajustados en la contratación pública.
La imposibilidad de repercutir el incremento de los costes laborales en los contratos vigentes pone en riesgo la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas, dificulta el mantenimiento de los puestos de trabajo y puede derivar, a medio plazo, en destrucción de empleo, reducción de plantilla o abandono de contratos públicos.
AELMA defiende que las políticas de mejora salarial deben ir acompañadas de mecanismos de revisión de precios realistas y sostenibles, que permitan proteger tanto los derechos de las personas trabajadoras como la continuidad de las empresas que prestan servicios esenciales a las administraciones públicas.
