El Ministerio de Trabajo mantiene abierta la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema de registro de jornada, al vincular su aplicación a la publicación de unos requisitos técnicos que aún no han sido definidos.
Aunque el real decreto establece una aplicación general a los 20 días de su publicación en el BOE, las obligaciones relacionadas con dichos requisitos técnicos no serán exigibles hasta seis meses después de su aprobación. Este plazo, considerado suficiente por Trabajo, ha sido cuestionado por otros organismos, que solicitan ampliarlo hasta un año, especialmente para facilitar la adaptación de las pymes.
El Consejo de Estado ha advertido sobre la falta de concreción del modelo, señalando que se pretende implantar un sistema digital cuyos aspectos clave —como la trazabilidad de los datos o el acceso por parte de la Inspección de Trabajo— aún no han sido definidos.
Esta situación genera incertidumbre en el tejido empresarial, que sigue a la espera de mayor claridad normativa. Organizaciones empresariales como CEOE han mostrado su rechazo al proyecto y ya han anunciado posibles acciones legales si finalmente se aprueba en los términos actuales.
Desde AELMA consideramos fundamental que cualquier desarrollo normativo en materia de registro de jornada cuente con la suficiente claridad, seguridad jurídica y plazos de adaptación realistas, que permitan a las empresas cumplir con sus obligaciones sin generar cargas desproporcionadas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.
