- El desembolso público ligado a la incapacidad temporal crecería un 109% desde 2019
- Las empresas llevan el problema al centro de su agenda, al pagar otros 17.000 millones
- La patronal anima a las empresas a hacer controles médicos a trabajadores de baja para evitar fraudes
El aumento de las bajas laborales por incapacidad temporal están en el centro del debate económico. Más de un millón de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo cada día por contar con un permiso médico, una situación que incrementa los costes de las empresas pero que también supone una presión creciente para las cuentas públicas. Tras siete años en los que este gasto no ha dejado de crecer, el sector de las mutuas estima que Seguridad Social tendrá que desembolsar 20.000 millones de euros para hacer frente al pago de estas prestaciones en 2026, según explican a elEconomista.es
Los últimos datos avanzados por el ministerio de Elma Saiz, del mes de abril, reflejan que el gasto ha seguido creciendo en los primeros meses del año. El Estado ha desembolsado 6.163,11 millones de euros al pago de estas prestaciones, un 13% más que en los primeros meses del año pasado, lo que le ha llevado a consumir la mitad del presupuesto previsto para el pago de la incapacidad temporal para todo el año. Es por ello que desde las entidades colaboradoras con Seguridad Social apuntan que esperan que el gasto crezca más de un 8% para el final del año, impulsado por las contingencias comunes.
Se trata de las bajas médicas que se conceden por una enfermedad o un accidente que tiene lugar fuera del trabajo, que son las que más se han incrementado en los últimos años. El último análisis elaborado por la AIReF apuntaba que la incidencia de estos procesos había aumentado un 60% entre 2017 y 2024, al tiempo que se había extendido la duración media de los procesos, en especial, los relacionados con problemas de salud mental y lesiones físicas, que se caracterizan por suponer un mayor gasto público.
El pago de estas bajas se reparte entre la Seguridad Social (con las mutuas) y las empresas. Durante los primeros tres días no se percibe una ayuda y las compañías asumen el pago desde el cuarto al 15º día, por lo que el gasto del sector público crece a medida que ganan peso los procesos de duración superior. Sobre todo porque si al inicio de la baja la prestación cubre el 60% del salario bruto del trabajador, desde el 21º día el trabajador pasa a recibir el 75% de su salario, elevando el coste de estos procesos y según la literatura académica, reduciendo el incentivo para volver a trabajar.
A lo largo de 2025, la Seguridad Social y las mutuas pagaron más de 16.800 millones de euros de bajas por contingencias comunes, un 12% más que el año anterior. El sector de las mutuas considera que esta partida volverá a incrementarse, hasta incluso superar los 18.000 millones de euros (un 7%) más, lo que impulsaría el total al entorno de los 20.000 millones de euros, al sumar el presupuesto destinado a contingencias profesionales. El aumento sería inferior al experimentado en términos porcentuales en los años anteriores, si bien, al llevar la vista hasta 2019 (año en el que se inició la tendencia al alza) se acumularía un incremento del 109% del gasto público a cubrir las bajas por IT.
A modo de contexto, estos 20.000 millones de euros equivalen al presupuesto decicado a pagar las pensiones de jubilación en dos meses o en un solo mes, si es el caso de los meses de junio o diciembre, en los que las personas jubiladas reciben una paga extraordinaria. Esta cifra, por contra, supera los ingresos mensuales por cotizaciones sociales, que se sitúan en el entorno de los 15.000 millones de euros, lo que refleja la magnitud de esta situación.
Con todo, esta cantidad supondría la mitad del gasto total asociado a las bajas laborales, dado que el presupuesto destinado por las empresas españolas a cubrir las bajas casi iguala al de Seguridad Social. CEOE cifró la semana pasada en 17.000 millones de euros el dinero desembolsado por las compañías a lo largo de 2025, al sumar las prestaciones de los primeros días, las cotizaciones durante 18 meses de baja y el complemento voluntario que recogen muchos convenios y por el que completan la prestación hasta cubrir el 100% del sueldo.
Además, existe una gran variedad de costes indirectos, que llevarían la factura total para el conjunto de la economía al entorno del 5,8% del PIB, según recoge La incapacidad temporal en España, el informe que presentó el pasado viernes la Fundación Economía y Salud. Estos costes indirectos tienen que ver con lo que se deja de producir o el gasto que supone para las empresas la búsqueda de trabajadores que sustituyan al personal de baja en un contexto en el que varios sectores dicen tener problemas para encontrar candidatos.
Múltiples factores
La dimensión de este problema, con componentes sociales, sanitarios y económicos, ha llevado a la publicación de un importante número de análisis en los que se busca explicar los componentes de esta situación y plantear soluciones que le puedan dar respuesta. Estos coinciden en que la situación actual responde a una gran variedad de factores que han generado el cóctel perfecto para que los procesos de incapacidad crezcan más que en otros países.
La falta de personal sanitario en atención primaria y la Inspección del INSS representa una parte del problema, este órgano controla es el único que controla las bajas que superan el año de duración y acumula expedientes sin resolver. Una de las propuestas más habituales, impulsada también por CEOE, es que se establezcan controles a los tres, seis y nueve meses de bajas, para evitar que se alarguen más de lo necesario. Los datos muestran que la mitad de las propuestas de incapacidad permanente de bajas que superan el año son denegadas y el 80% en casos de salud mental.
Por otro lado, se han aprobado varios cambios normativos que han impulsado el aumento de las bajas, que siempre tienen un comportamiento procíclico (crecen cuando mejora el empleo y la economía). La AIReF calculó que el paso de un contato temporal a uno indefinido con la reforma laboral elevaba un 30% las probabilidades de iniciar una baja, mientras que la recuperación del complemento hasta el 100% aumentaba esta probabilidad en un 40% y recortaba la duración en una media de 17 días.
