Es el desembolso adicional que asumen por no compensarse los incrementos de
la inflación y del salario mínimo en las subcontratas de los diferentes entes de la Administración Pública.
La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas vuelve a poner de relieve una problemática estructural que afecta de manera directa al sector de la limpieza, uno de los más intensivos en mano de obra y con una elevada vinculación a la contratación pública.
Desde 2018, el SMI ha aumentado un 66%, impactando de lleno en sectores donde una parte significativa de la plantilla se sitúa en los tramos salariales más bajos. En el caso de la limpieza, este efecto se ve agravado por la aplicación de la Ley de Desindexación de los contratos públicos, que impide revisar los precios de los contratos aunque se produzcan incrementos de costes derivados de decisiones legales sobrevenidas, como la subida del SMI o de la inflación.
Según datos de la patronal sectorial Aspel, aproximadamente el 40% de la facturación del sector de la limpieza procede de contratos con administraciones públicas, lo que supone unos 5.600 millones de euros sobre un total de 14.000 millones. Además, el 58% de las personas trabajadoras del sector —más de 313.000— se ve directamente afectado por el SMI.
La consecuencia de esta situación es clara: en los últimos diez años, las empresas de limpieza han asumido cerca de 1.200 millones de euros en sobrecostes que no han podido repercutir en los precios de los contratos públicos. Este escenario se agrava aún más por el régimen de prórrogas forzosas, introducido con la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que permite a la Administración extender unilateralmente contratos durante cuatro o cinco años sin revisión de precios.
Desde el sector se insiste en que no se reclama la derogación total de la Ley de Desindexación, sino la introducción de mecanismos de revisión de precios cuando se produzcan cambios normativos imprevisibles, como subidas del SMI, cotizaciones sociales, reducciones de jornada o nuevas obligaciones administrativas, que no pueden considerarse “riesgo y ventura” del contratista.
A esta problemática se suma la posible limitación de la compensación y absorción de complementos salariales, una medida que, de aprobarse, podría suponer en la práctica incrementos salariales reales de entre el 15% y el 20% en el sector, con un impacto económico incluso superior al de la propia subida del SMI.
Desde AELMA insistimos en la necesidad de revisar la contratación pública, introducir mecanismos de actualización de precios ante cambios legales sobrevenidos y garantizar la viabilidad de las empresas y la calidad del empleo en un sector esencial.
Reiteramos la necesidad de abordar estas cuestiones con una visión estructural y realista.
Fuente: https://www.expansion.com/economia/2026/02/23/699b4cd9468aeb75528b45ab.html
