- El Gobierno acordó su tramitación urgente en septiembre y tiene que volver al Consejo de Ministros
- El texto de Trabajo recupera parte de los cambios incluidos en la ley para reducir la jornada
El proyecto de reforma del registro de jornada laboral impulsado por el Ministerio de Trabajo ha encontrado un importante obstáculo tras el informe desfavorable emitido recientemente por el Consejo de Estado. Este órgano consultivo considera que la propuesta normativa excede el alcance de un real decreto, lo que obligaría al Gobierno a tramitarla como ley y, por tanto, someterla al debate parlamentario.
La iniciativa, liderada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretendía introducir cambios relevantes en el sistema de registro horario, recuperando parte de las medidas incluidas previamente en la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sin embargo, dicha ley fue rechazada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre.
El documento adelantado por ‘El País’ y ‘elDiario.es’ se sustentaría en algunas de las observaciones realizadas por los ministerios de Economía y Transformación Digital para argumentar su posición desfavorable al cambio normativo, en tanto que Trabajo no acompañó el proyecto de real decreto de una memoria económica detallada, no contempló ayudas específicas para ayudar a las pymes a implementar un registro digital de las entradas y salidas de sus trabajadores y tampoco valoró el impacto que tendría para las Administraciones Públicas en términos de coste económico.
Tras ese revés parlamentario, el Ejecutivo optó por reformular parte de esos cambios mediante un real decreto, una vía que no requiere aprobación del Congreso. No obstante, el Consejo de Estado ha advertido que el contenido del texto no se limita a desarrollar la normativa vigente, sino que introduce nuevas obligaciones tanto para empresas como para trabajadores, lo que excede la potestad reglamentaria del Gobierno.
Falta de memoria económica y apoyo a las pymes
Entre las principales críticas recogidas en el informe, destaca la ausencia de una memoria económica detallada que evalúe el impacto de la medida. Asimismo, se señala que el Ministerio de Trabajo no ha previsto ayudas específicas para facilitar a las pequeñas y medianas empresas la implantación de sistemas digitales de control horario, ni ha valorado adecuadamente el coste que supondría para las Administraciones Públicas.
Estas observaciones coinciden, en parte, con los reparos previamente planteados por otros ministerios, como el de Economía, que han participado en el proceso de revisión del texto en los últimos meses.
Rechazo empresarial y posibles acciones legales
La reforma tampoco cuenta con el respaldo de la patronal. La CEOE ya había anunciado su intención de recurrir el real decreto ante los tribunales en caso de aprobación. Entre sus argumentos, destacan que la legislación actual permite el registro horario manual, por lo que un cambio de este tipo debería abordarse mediante una ley y no por vía reglamentaria.
Además, los empresarios han mostrado su preocupación por cuestiones relacionadas con la seguridad y la protección de datos. En particular, el acceso remoto de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada de las empresas genera dudas en cuanto a la gestión de la información y la privacidad.
Próximos pasos
El informe del Consejo de Estado, aunque no es vinculante, añade presión al Ejecutivo, que deberá decidir si modifica el texto o lo tramita como proyecto de ley. En cualquier caso, la reforma tendrá que volver a ser analizada por el Consejo de Ministros, lo que podría retrasar su entrada en vigor.
Este nuevo escenario introduce incertidumbre en torno a una medida clave dentro de la agenda laboral del Gobierno, especialmente en lo relativo a la digitalización del registro de jornada y el control efectivo del tiempo de trabajo.
Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13838480/03/26/el-consejo-de-estado-cuestiona-la-reforma-del-registro-horario-via-real-decreto-y-allana-el-recurso-de-ceoe.html
