- La patronal rechaza negociar un «modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios»
- Es la segunda vez, tras la convocatoria para reformar el despido, que Garamendi se opone a acudir
El Ministerio de Trabajo ha convocado este jueves una mesa para negociar una reforma que permita que los trabajadores accedan al capital de las empresas y a sus consejos de administración. CEOE ya ha anunciado que no acudirá a la cita, ni participará en ninguna de las conversaciones en las que se aborde la «democracia en las empresas» al entender que el modelo que presenta Yolanda Díaz y que se basa en el informe presentado hace un mes «es propio de regímenes autoritarios del pasado». Este plantón de las organizaciones empresariales no modifica los planes del departamento, que con esta renuncia allana un nuevo acuerdo con CCOO y UGT que no tendrá el respaldo del Congreso.
La patronal adoptó esta decisión el lunes en un comité ejecutivo extraordinario, según ha adelantado ‘El Periódico’ y ha confirmado esta mañana la organización en un comunicado. Esta es la segunda ocasión en la que CEOE y Cepyme se decantan por no participar en una mesa de diálogo social por estar en desacuerdo con la premisa de partida, la primera tuvo lugar en octubre, cuando el Ministerio de Trabajo planteó una reforma de la indemnización por despido improcedente para que se adapte al criterio del órgano que interpreta la Carta Social Europea. Desde entonces, la relación de confianza entre los empresarios y esta vicepresidencia solo se ha deteriorado.
«En un momento en que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas. Un ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en el país» ha reprochado CEOE en la nota compartida este martes. El Ministerio convocó la semana pasada a los agentes sociales para iniciar un seguimiento del conflicto en Irán en la que no participó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, pero sí la líder de Cepyme, Ángela de Miguel.
El comité de académicos reunido hace más de un año por Trabajo hizo una valoración del grado de participación de los trabajadores en las decisiones que se adoptan en las empresas y también en su titularidad, a partir de lo que redactó una propuesta que el Gobierno usará como punto de partida para esta negociación. En ella se planteaba que las empresas con 25 trabajadores asuman que los trabajadores tengan al menos un 2% del capital y que las que tuvieran una plantilla de más de 1.000 empleados garantizaran que poseían un 10% de la titularidad de la sociedad. También dar entre un tercio y la mitad de los asientos y votos en los consejos de administración, en función de su tamaño.
Las organizaciones empresariales entienden que esta premisa vulnera la libertad de empresa que ampara el artículo 38 de la Constitución y la capacidad que otorga a las compañías el Estatuto de los Trabajadores de organizar y dirigir el trabajo. «Lo más sorprendente es que Trabajo ponga sobre la mesa esta iniciativa después de llevar años planteando reformas de espaldas al diálogo social, que, precisamente, amenazan con erosionar en profundidad la democracia en la empresa» han zanjado. En el escrito, la patronal también recuerda que cualquier persona está en su derecho de emprender, crear una empresa y poner sus recursos en juego, frente a las imposiciones que se quieren aprobar.
Este ha sido el último capítulo de la serie de desencuentros entre la patronal y Trabajo que se han producido desde hace casi dos años, cuando el Gobierno dio por finalizada la negociación para reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana, el proyecto de ley que tumbaron tres enmiendas a la totalidad firmadas por PP, Vox y Junts y respaldadas por las organizaciones empresariales. Desde entonces, se han sucedido los acuerdos que solo incluyen a los sindicatos como el de prevención de riesgos laborales, la ampliación del permiso por fallecimiento o el del incremento del SMI.
La propuesta elaborada por el grupo reunido por Trabajo iba más allá de la participación en las empresas y como adelantó este periódico, abogaba por remunerar la actividad de representación de los trabajadores que llevan a cabo los sindicatos o reforzar las funciones del comité de empresa. Tanto UGT como CCOO muestran su disposición a avanzar en esta mesa de negociación, pese a reconocer su sorpresa porque CEOE haya decidido no formar parte de estas conversaciones y la excepción que representa frente al proceder habitual.
«Si hay voluntad política, hay agenda para todos los temas» explica el secretario de Acción Sindical y Transiciones estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, que cree que es el momento de acompañar los cambios que se están produciendo en el trabajo por una mayor participación de los trabajadores. «Es necesario dar seguridad jurídica a estos cambios y cubrir el déficit que tiene la democracia de nuestro país» explica en conversación con elEconomista.es.
También comparte este criterio el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que cree que esta reforma invita a la reflexión sobre qué artículos de la Constitución española se pueden incumplir. «El 129 recoge expresamente que los poderes públicos deben promover las diversas formas de participación de los trabajadores en las empresas y facilitarán su acceso a los medios de producción, los constitucionalistas deberían estar de acuerdo con cumplirla» sugiere. El portavoz resta peso a los argumentos esbozados por CEOE y recuerda que existen ejemplos en Alemania o Irlanda.
