Las patronales de limpieza AFELIN y AELMA han denunciado este martes retrasos “abusivos” en los pagos a empresas subcontratistas por parte de algunas grandes compañías adjudicatarias de contratos públicos, que en algunos casos llegan a los 270 días, muy por encima del límite legal de 60.
Madrid, 5 ago (EFE).- Las patronales de limpieza AFELIN y AELMA han denunciado este martes retrasos “abusivos” en los pagos a empresas subcontratistas por parte de algunas grandes compañías adjudicatarias de contratos públicos, que en algunos casos llegan a los 270 días, muy por encima del límite legal de 60.
Ambas asociaciones alertan de que las grandes empresas adjudicatarias de contratos públicos usan a las pequeñas como “herramienta de financiación encubierta”.
En un comunicado conjunto, la patronal nacional de empresas de limpieza (AFELIN) y su homóloga madrileña (AELMA) señalan que el creciente número de casos de impago genera una situación “insostenible” para muchas pymes del sector.
La Ley de Contratos del Sector Público establece un plazo máximo de 60 días para el pago a subcontratistas desde la prestación del servicio y la presentación de la factura, pero en la práctica los plazos se dilatan hasta los 270 días.
Este sector, donde el coste de personal representa hasta el 90 % de las facturas, sufre graves consecuencias por estos retrasos, que no solo afectan a la liquidez de las empresas, sino que también pueden comprometer su continuidad.
En algunos casos, las pymes incluso se ven forzadas a aceptar “quitas” para poder cobrar, lo que agrava su situación económica.
Las patronales de limpieza instan a las Administraciones públicas a aplicar las herramientas legales ya disponibles para proteger a las empresas subcontratistas, como la aplicación de la disposición adicional 51 de la Ley 9/2017, que permite el pago directo a los subcontratistas en caso de impago del contratista principal.
También reclaman que se exijan certificados de estar al corriente de pago con subcontratistas antes de autorizar pagos al contratista principal, así como imponer sanciones a las empresas que incumplan de forma sistemática la normativa.
Por último, ambas asociaciones solicitan a las Administraciones que obliguen a publicar el periodo medio de pago a proveedores, conforme a la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas.
AFELIN y AELMA reiteran su compromiso con la legalidad, la dignidad empresarial y la protección del empleo, y piden a la Administración que actúe “con firmeza ante estos abusos”.
En el comunicado especifican que esta mala praxis se da entre grandes operadores que actúan al margen de los códigos éticos de las principales patronales del sector. EFE
