Un reciente estudio elaborado por el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU) lanza una advertencia clara: la acumulación normativa en España está generando inseguridad jurídica, sobrecostes y pérdida de competitividad.
Según la auditoría presentada en el informe Desenredar España, hasta el 84 % de las leyes aprobadas durante la presidencia de Pedro Sánchez podrían ser derogadas o profundamente reformadas por su ineficacia, sin provocar desajustes económicos o sociales. El impacto potencial es relevante: un ahorro estimado de 90.000 millones de euros anuales, cerca del 5 % del PIB nominal.
Inflación normativa e intervención excesiva
El análisis, apoyado en una herramienta propia de inteligencia artificial (Spain-Desreg), examina 243 normas con rango de ley. El resultado es concluyente: 204 presentan problemas estructurales, ya sea por su carácter innecesariamente intervencionista, por deficiencias técnicas o por una débil justificación funcional.
Los autores alertan de que en España se aprueba una nueva norma cada 45 minutos, generando una “inflación normativa” que no solo afecta a la actividad económica, sino que amplía la discrecionalidad administrativa y erosiona la seguridad jurídica de empresas, autónomos y familias.
Menos burocracia, más libertad económica
El estudio subraya que la regulación debería ser un marco para la convivencia y el crecimiento, no un instrumento de control permanente de la actividad productiva. Cuando la carga regulatoria se desborda, se frena la creación de riqueza, se desincentiva la inversión y se debilita la confianza institucional.
Desde el ámbito empresarial —y especialmente desde sectores intensivos en normativa— esta reflexión resulta clave: simplificar, revisar y eliminar normas innecesarias es una condición imprescindible para mejorar la competitividad y el empleo.
Gobernar con visión y coherencia
Los autores concluyen que gobernar no consiste en improvisar, sino en priorizar, evaluar impactos y rendir cuentas. Un programa claro de desregulación y reducción de trabas burocráticas no solo mejora la eficiencia económica, sino que eleva la calidad institucional y refuerza la confianza en el sistema.
En AELMA creemos que este debate es más necesario que nunca. Menos burocracia y mejores normas no es una cuestión ideológica, sino una condición básica para el crecimiento sostenible y la prosperidad compartida.
