El proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo para reforzar el sistema de registro horario en España ha recibido un duro revés institucional. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que concluye que “no procede” su aprobación y recomienda al Gobierno reconsiderar la norma en su conjunto.
La propuesta, promovida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca implantar un sistema digital único, accesible en remoto por la Inspección de Trabajo y no manipulable. Sin embargo, tanto el Consejo de Estado como la Agencia Española de Protección de Datos han emitido informes desfavorables.
Un procedimiento cuestionado y un encaje legal discutido
En su dictamen de 106 páginas, el Consejo de Estado cuestiona, en primer lugar, la tramitación urgente del real decreto, al considerar que no está suficientemente justificada.
Además, señala que el contenido de la norma excede el ámbito de la potestad reglamentaria, al imponer nuevas obligaciones a empresas y trabajadores sin cobertura legal suficiente. En este sentido, advierte que el texto no se limita a desarrollar la legislación vigente, sino que introduce un nuevo modelo de registro digital obligatorio para más de 1,3 millones de empresas en España.
Impacto económico: más de 867 millones de euros para las pymes
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la evaluación del impacto económico. El Consejo de Estado estima que la medida supondría un coste mínimo de 867 millones de euros para las pymes, cifra que considera infravalorada en la memoria económica del Ministerio.
Según el dictamen, el coste estimado de 55,4 euros anuales por trabajador se aplicaría a más del 94% del empleo en España, lo que genera un impacto estructural especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas, consideradas el principal sostén del tejido productivo.
El órgano consultivo también advierte de que no se han valorado adecuadamente los costes de implantación, formación y mantenimiento del sistema.
Dudas técnicas y transición insuficiente
El informe también pone en duda la viabilidad técnica del sistema propuesto, señalando posibles dificultades para procesar en tiempo real la información generada y garantizar el acceso remoto de la Inspección.
Asimismo, critica el periodo de adaptación previsto, de apenas veinte días, que considera insuficiente para sectores con mayores dificultades operativas como el transporte, la construcción o actividades con alta movilidad y falta de conectividad.
Protección de datos: informe desfavorable de la AEPD
A estas conclusiones se suma el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, que también se ha pronunciado en contra del proyecto al considerar que no se cumplen las exigencias de reserva de ley en materia de protección de datos.
El organismo advierte de la falta de análisis de riesgos, evaluación de impacto y regulación suficiente sobre el tratamiento de datos personales, lo que, a su juicio, impide considerar garantizado el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Reacciones sindicales y próximos pasos
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han expresado su preocupación por el dictamen, defendiendo la necesidad de reforzar el control del tiempo de trabajo para evitar el fraude en el registro de jornada.
A pesar de ello, el proyecto deberá aún superar nuevos trámites dentro del Gobierno, incluyendo su paso por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, antes de llegar al Consejo de Ministros.
Fuente: https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2026/03/24/69c279c6fdddffbe198b45a3.html
Foto: Borja Sánchez-Trillo. Agencia EFE
