AELMA y AFELIN denuncian que, en los contratos públicos, los subcontratistas están llegando a esperar hasta 270 días para recibir sus pagos, un escenario abusivo y que pone en jaque la viabilidad de muchas empresas.
La normativa vigente establece plazos máximos de pago de 30 a 60 días —según la Ley de Contratos del Sector Público—, incluyendo la fase de verificación de las facturas y los posibles intereses de demora. Sin embargo, la realidad práctica es radicalmente diferente: los retrasos exponen a las empresas a graves tensiones financieras, especialmente a las pymes que no cuentan con colchones de liquidez.
Esta situación se ve agravada por la rigidez del sistema de contratación pública, donde el incumplimiento de los plazos no se ve siempre acompañado de penalizaciones efectivas. A pesar de que la ley contempla intereses de mora, su aplicación no logra compensar el impacto operativo y económico sufrido por los subcontratistas afectados
Desde las patronales se exigen medidas urgentes para corregir esta grave distorsión: la reducción real de los plazos de pago, mecanismos eficaces de sanción ante el incumplimiento y mayor transparencia en el procesamiento de facturas. Solo con pagos puntuales podrá asegurarse la estabilidad del tejido empresarial de limpieza y la calidad del servicio en el ámbito público.
Medidas urgentes para frenar los abusos
Ambas asociaciones instamos a las Administraciones Públicas a hacer uso de las herramientas legales ya disponibles para frenar estos abusos y proteger a los eslabones más vulnerables de la cadena de contratación. Entre ellas:
- Aplicar la Disposición Adicional 51 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que permite el pago directo a los subcontratistas en caso de impago.
- Exigir certificados de estar al corriente de pago con subcontratistas antes de autorizar pagos al contratista principal.
- Imponer sanciones a las empresas que incumplan de forma sistemática, tal y como contempla la normativa vigente.
- Obligar a publicar el período medio de pago a proveedores, conforme a lo establecido en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
Desde AELMA y AFELIN reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la dignidad empresarial y la protección del empleo, y pedimos a la Administración que actúe con firmeza ante estos abusos. Es responsabilidad de todos garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a las pymes, verdaderas sostenedoras del tejido productivo y del empleo en nuestro sector.
